Izquierda Anticapitalista, contra el proyecto de creación, en suelo público, de un colegio privado concertado en Leganés

Asistimos estos días en Leganés a la cesión de suelo público para la edificación y explotación privada de un colegio privado concertado. El Partido Popular de Leganés ha decidido que alguien haga negocio con el derecho a la educación, y lo está haciendo pese a la oposición de los vecinos y las vecinas del barrio (Arroyo Culebro), de las AMPAS, de las Asociaciones de vecinos, de los sindicatos de enseñanza (todos, los de clase y los corporativos), de los directores de los centros de educación primaria, de los directores de educación secundaria de nuestro municipio y de la mayoría del pleno de la Corporación Municipal (PSOE, ULEG e IU), que aprobaron la paralización de esta privatización.

En un gesto de desprecio a la mayoría de la Corporación Municipal, amparándose en que estas decisiones se pueden tomar en la Junta de Gobierno sin tener que pasar por el pleno del Ayuntamiento, el PP ha aprobado además un pliego de condiciones que, tal y como denuncia la Plataforma por la Escuela Pública, “otorgan al futuro concesionario 75 años de control, abren la posibilidad de extender la oferta educativa a la educación no obligatoria (bachillerato) y, lo que es peor, en la cláusula décima (estudio económico financiero) se da carta blanca para que la empresa que se quede con este negocio educativo establezca aportaciones económicas familiares y la propuesta de precios por actividades y servicios escolares”.

Por todo ello, desde Izquierda Anticapitalista-Leganés manifestamos lo siguiente:

Apoyamos la manifestación que, contra esta privatización, convocan las AMPAS y la Asociación de Vecinos del barrio de Arroyo Culebro, este domingo día 26 a las 12 horas en la plaza y las calles del barrio.

• Rechazamos la desviación de recursos públicos a empresas privadas, ya se trate de cesión de suelo público, como de fondos económicos –caso de los conciertos educativos-.

• Alertamos a la población acerca del peligro de que derechos fundamentales como el de la educación sean objeto de negocio, lo que necesariamente sucede cuando se ocupa de atenderlos una empresa privada, aunque sea –o quizá ese es el mayor negocio- con fondos públicos.

Leganés, 24 de febrero de 2012.

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