La sanidad madrileña a la deriva

Jaime Baquero (Comisión de Sanidad de la FRAVM)

Los procesos de privatización sanitaria iniciados en España a raíz del triunfo del PP en las elecciones generales de 1996, se han desarrollado con mayor profundidad e intensidad en las Comunidades de Valencia y Madrid. La llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid (CM), en 2003, desencadena un recorte de los gastos sociales más drástico que en el resto de las Comunidades Autónomas, con la intención de estrangular económicamente los servicios públicos. Estas políticas se acompañan del aumento de la contratación privada y de la entrega de las infraestructuras públicas al sector privado con ánimo de lucro. Su objetivo es la apropiación privada de aquello que se ha construido con el esfuerzo de generaciones de trabajadores y extender el mercado a sectores que hasta ahora quedaban excluidos para preservar el bien común.

Madrid es la segunda Comunidad que menos dinero por habitante ha dedicado a la salud de su población entre 2004 y 2011 -en torno al 13% menos que la media de las CCAA-, a pesar de poseer en ese período la mayor renta per cápita, tras Navarra y Euskadi. Y debe tenerse en cuenta que por cada 80 € recortados por persona en gastos sociales, la mortalidad general puede incrementarse casi un 1%, según un estudio publicado en 2010 en la prestigiosa revista British Medical Journal.

Durante años ha sido la Comunidad que menos porcentaje de su presupuesto sanitario ha dedicado a las actividades de prevención y promoción de la salud, hasta destinar 150 millones de € menos en 2011 que en 2005, a pesar del aumento de medio millón de personas en esos años. Por otra parte, el crecimiento del presupuesto de Atención Especializada -un 24,6% entre 2005 y 2011-, es engañoso debido al aumento de población referido y a la subida del 16,9% del IPC en ese tiempo, y debido a que la contratación de servicios sanitarios privados se ha disparado en esos 8 años (sólo en la 1ª legislatura aumentó un 76,27%), y a que el reparto de los fondos favorece a los hospitales explotados privadamente, a pesar de su ineficiencia (una cama en estos hospitales, que disponen de menos medios y plantillas, cuesta al año un 50% más que en un hospital público). En 2010, mientras el presupuesto de los hospitales públicos crecía un 1,35% (lo que no alcanza ni la tasa de reposición), los fondos destinados a conciertos privados y nuevos hospitales aumentaban un 23,2% y un 32 % en 2011.

El grave déficit en la financiación sanitaria impulsado por el gobierno de Esperanza Aguirre -ya en 2008 un estudio de la FADSP exigía inyectar 1.100 millones de € en la sanidad madrileña para equipararla a la media de las CCAA-, ha provocado que los recursos sanitarios sean insuficientes para atender las necesidades de salud de la población. Plantillas, camas y quirófanos no han aumentado a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales explotados privadamente, porque ésta se ha realizado a expensas de eliminar medios en los centros directamente públicos. En Atención Primaria los habitantes por médico superan la media de las CCAA en un 9,3%, un 17,1% por enfermera y un 28,4% por administrativo. Entre 2008 y 2010 se han destruido 2.771 puestos de trabajo y la situación va a empeorar con la supresión de otros 1.400 empleos, según los Presupuestos para 2011.

Las camas públicas funcionantes por mil habitantes entre 2004 y 2010 -contando las de los nuevos hospitales-, han descendido de 2,01 a 1,99, y se perderán otras 2.000 camas cuando finalice la remodelación prevista de los hospitales gestionados públicamente. Hoy sería preciso crear 1.300 camas para equiparar Madrid al resto de Comunidades, que cuentan de media con 2,31 camas por mil habitantes.

Cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad, todos los hospitales eran de propiedad y gestión públicas, salvo la Fundación Alcorcón, la Jiménez Díaz y Fuenlabrada. Tras ocho años de gobierno, el panorama es desolador al variarse la propiedad de numerosas infraestructuras sanitarias e introducirse el ánimo de lucro. Se han construido siete hospitales como Concesiones de Obra Pública, modalidad que consiste en adjudicar a empresas privadas su construcción, cediéndoles los terrenos, la propiedad y la explotación de los servicios no sanitarios por un período de 30 años, durante los cuales la Comunidad les paga un canon por su uso. Los servicios sanitarios pasan a ser gestionados por Empresas Públicas con autonomía económica y financiera, y régimen de actuación privado.

Otro hospital ha sido construido como Concesión Administrativa, modelo aún más agresivo que el anterior. En este caso se cede a las empresas privadas la explotación de los servicios no sanitarios y sanitarios, y la de los centros de su zona de influencia. La Comunidad les paga una cantidad fija anual por cada habitante de la zona -cuanto más ahorren, más beneficios obtendrán-. Ante la escasa respuesta política, sindical y social, el gobierno de la CM inaugurará en 2011 otros tres hospitales de este tipo.

El coste de construcción de los 8 hospitales ha sido de 701 millones de € y el coste final a 30 años será de 5.010 millones de € -dependiendo de la inflación y otras variables contenidas en los contratos-. Pagaremos entre 6 y 7 veces más que cuando la responsabilidad de la construcción es pública, porque la financiación privada se realiza mediante créditos bancarios de alto interés en lugar de hacerlo a través de deuda pública, y porque en el sector público no hay beneficios económicos privados. Por tanto, no se ha recurrido a estos modelos para ahorrar. De hecho, con los 600 millones de € pagados a las empresas adjudicatarias en 2010, se habrían costeado ya 6 de los 8 hospitales, y su control sería público.

Las externalizaciones-privatizaciones de servicios no sanitarios se han multiplicado estos años, alcanzando a los archivos de historias clínicas, caso de especial gravedad porque se cede la custodia de datos confidenciales a empresas privadas. También se les ha cedido parcelas estratégicas, como el trasporte sanitario y el servicio de citación. Las externalizaciones sanitarias comenzaron tras la aplastante mayoría absoluta de Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007: radiodiagnóstico, laboratorios, Centros de Especialidades -Pontones y Quintana-, elaboración de planes privatizadores en salud mental o cuidados paliativos…

Con la apertura este año de los tres nuevos hospitales construidos como Concesiones Administrativas, más de 3 millones de madrileños (el 47%) serán atendidos por centros privados o explotados privadamente. Otra victoria electoral del PP supondría cumplir la amenaza de remodelar los hospitales públicos tradicionales como Concesiones de Obra Pública, haciéndose mayoritario el modelo privado.

También han disuelto la Dirección General de Salud Pública, ente que incomodaba a determinados medios políticos y empresariales al plantear los problemas de salud a nivel colectivo, contemplando la mejora de la calidad de vida y la protección de los sectores sociales más vulnerables. Pero la guinda ha sido la Ley de libre elección y área única, y la supresión de los órganos de participación comunitaria (Consejos de Salud), al representar el fin de la filosofía y la organización que sustentan nuestro modelo sanitario público. La finalidad de la zonificación en Áreas de Salud es permitir la planificación integral de todos los recursos sanitarios para ser distribuidos según las necesidades de salud de cada zona. La libre elección sin barreras somete planificación y acceso a las leyes del mercado, y sustituye las relaciones de colaboración-coordinación y el trabajo en equipo, por la competencia entre proveedores por atraer clientes y financiación, y entre los ciudadanos por el acceso a unos recursos escasos.

Hoy, la sanidad madrileña sufre un deterioro mayor -masificación y pérdida de calidad- que el resto de Comunidades. En 2004 se puso en marcha un plan millonario para reducir la Lista de Espera Quirúrgica, derivando masivamente ciudadanos a centros privados. Sin embargo, de 2005 a 2010 las personas pendientes de intervención aumentaron un 52,77% (de 33.155 a 50.653), pasando la tasa de pacientes en espera por mil habitantes de 6,54 a 7,9 (en Cataluña es de 7,1; Andalucía, 6,1; Euskadi, 5,5). Además, el 68,27% de los pacientes esperan más de los 30 días prometidos por Esperanza Aguirre para ser operados. La falta de calidad de esos centros privados (según diversos informes, trabajan con menos plantillas y medios), ha incrementado el rechazo de la población a acudir a ellos, del 9% en 2004 al 37% en 2010.

El 25% de primeras consultas en atención especializada se demoran más de dos meses y sólo el 20,3% es atendido a los 15 días, que se considera la demora máxima aconsejable. La masificación de los centros de salud supera en un 40% a la media de las CCAA, y se están produciendo listas de espera de hasta 10 días. Este deterioro está impulsando -incluso en tiempos de crisis-, la contratación de seguros privados, que alcanzan un 27,6% frente al 19,7% del conjunto del Estado.

El nuevo modelo sanitario que está instaurándose, basado en el negocio y lucro privado, tiende a orientar el sistema hacia las actividades y pacientes que reportan beneficios económicos. Ya no interesa garantizar la salud de la comunidad o el acceso de todos en las mismas condiciones. Y eso mientras se pague con dinero público. Si se instaura el pago en el momento de uso de los servicios sanitarios, el acceso al sistema y el derecho a la salud se verán aún más restringidos, siendo determinante la capacidad económica de las familias.

Invertir esta situación exige no sólo una alternativa que supere el viejo modelo público institucional, aumentando el poder de decisión de la comunidad al menos hasta su identificación con el sistema sanitario. Exige el acuerdo de sectores sociales suficientes para dar jaque al poder neoconservador de Esperanza Aguirre y anular el espacio neoliberal del PSOE.

Madrid, febrero de 2011.

(Artículo de próxima aparición en la revista de la AVV La Elipa informa)